La Política Internacional de Felipe IV, por Francisco Martín Sanz

1. EL MUNDO ALREDEDOR DE UN PRÍNCIPE (1.605-1.621).

El día 8 de abril de 1.605 nació en Valladolid el primer hijo varón de Felipe III. Pocas semanas después fue bautizado en la Iglesia de San Pablo, dándole los nombres de Felipe Domingo Víctor de la Cruz, futuro Rey Felipe IV.

El hecho de que naciera en la ciudad del Pisuerga tuvo su causa en que ésta era la sede oficial de la Corte desde 1.601. Tradicionalmente se ha considerado que el traslado de la misma se produjo por dos motivos: el primero, porque el Concejo vallisoletano, comprendiendo los beneficios que se pudieran derivar de ser la capital de un imperio, lo solicitó ofreciendo a cambio una importante cantidad del dinero que tanto estaba necesitando el erario público; el segundo, porque el duque de Lerma, valido del rey, deseaba alejar a éste de las influencias de su tía-abuela la emperatriz María, una de sus más implacables opositoras, que había regresado a España en 1.581 tras la muerte de su esposo Maximiliano II y que desde entonces vivía como monja en el convento de las Descalzas Reales de Madrid, al tiempo que acercaba la Corte a donde radicaban la mayor parte de sus dominios. Poco duró, sin embargo, el goce de la capitalidad, pues en 1.606 la Corte se trasladó de nuevo a Madrid —ya definitivamente—. Influyó para ello el hecho de que fue ahora el Concejo de ésta villa quien ofreció al rey la suma de 250.000 ducados, pagaderos en diez años, que podían ser utilizados en la construcción de nuevos aposentos para la reina en el Alcázar. Además, como corolario del suceso, tres años antes ya había muerto la emperatriz y con ella el temor que sentía Lerma a ver erosionada su privilegiada posición.

Una de las características más relevantes de la Monarquía española del siglo XVII fue el fenómeno del valimiento. Si Felipe II, un rey trabajador y meticuloso, siempre optó por repartir el trabajo administrativo —que no el poder o el ejercicio de la responsabilidad política— entre sus diferentes colaboradores, no hizo lo mismo su sucesor, al que no interesaban en absoluto los asuntos de gobierno y procuraba alejarse constantemente del despacho cotidiano de los negocios. Por esa razón, desde el mismo momento en que accedió al trono comenzó a distanciarse del sistema de gobierno personal practicado por su padre y delegó el poder en un ministro principal de su elección. El afortunado fue don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, marqués de Denia y elevado rápidamente a la condición de duque de Lerma, cuyo mérito principal era su amistad personal con el rey.

Lerma, sin embargo, no quería el poder para imponer un determinado programa político; no tenía interés en gobernar la nave del imperio español, sino que, al contrario, únicamente ambicionaba aprovechar su situación de privilegio para obtener prestigio y ganancias materiales para él y los suyos. Acaparó los cargos de Caballerizo Mayor y Sumiller de Corps de Su Majestad, Consejero de Estado y Capitán General de la Caballería de España, y reforzó sus posesiones personales con nuevas compras de tierras y jurisdicciones —que se extendían por Valencia, Burgos, Palencia o Valladolid— gracias a las mercedes que recibía por sus servicios y el favor real. También desarrolló una inteligente política de enlaces matrimoniales entre sus hijos y los miembros de algunas de las familias más importantes de la Grandeza española, al tiempo que situó en los diferentes puntos claves de la Administración a miembros del clan de los Sandoval, logrando tejer, mediante el uso del control que ejercía sobre el patronazgo real, una red de aristócratas afines que, a su vez, le afianzaran en el mantenimiento de su envidiable —y envidiada— posición.

En muy pocas ocasiones Lerma participó en las sesiones celebradas por el Consejo de Estado, y cuando le interesaba imponer una determinada directriz política prefería ejercer su influencia directamente aconsejando al rey acerca de las respuestas a las consultas de los consejeros. Esta falta de un rey enérgico y emprendedor y de un valido que supliera estas carencias permitió a los Consejos asumir superiores responsabilidades y un mayor control sobre los asuntos de su competencia, favoreciendo que aumentara la importancia y autoridad de tal institución. El inconveniente de este revitalizado sistema de gobierno conciliar radicaba en que su inevitable dependencia del monarca hacía de él un instrumento de exasperante lentitud a la hora de adoptar una decisión, siendo favorecida su falta de celeridad por el excesivo afán de Felipe III de viajar muy a menudo por España, lo que provocaba que las decisiones de gobierno adoptadas desde Madrid se retrasaran constantemente al tiempo que trataba de mantenerse en permanente contacto con la corte itinerante.

Las continuas jornadas reales fueron en todo momento organizadas por Lerma con gran diligencia, pues eran el modo ideal de alejar a Felipe III de influencias no deseadas. El ambicioso duque no dudó incluso en protagonizar una feroz lucha con la reina Margarita para atraerse al rey. Margarita se había revelado hostil al régimen implantado por Lerma y aprovechaba las oportunidades que se le brindaban para maniobrar entre bastidores contra el omnipotente valido. Se había convertido en un importante adversario, pues no sólo resultaba manifiesta la gran consideración y respeto que el rey mostraba hacia ella, sino que además la joven consorte había alcanzado un rango superior desde que se convirtió en madre del príncipe heredero. La rivalidad, en todo caso, no duró mucho, ya que Margarita de Austria murió en 1.611, a los 26 años de edad, después de una corta vida en la que dio a luz ocho hijos, solamente cinco de los cuales llegaron a la madurez: Ana, Felipe, María, Carlos y Fernando. Ana, la mayor, fue destinada a mejorar en lo posible las pobres relaciones que España mantenía con Francia. Muerto su belicoso rey Enrique IV en 1.610, la reina regente, María de Médicis, se mostró favorable a un acercamiento a los Habsburgo mediante el casamiento, por un lado, de su hijo, el rey Luis XIII, con la infanta Ana, y por otro, de su hija, Isabel de Borbón, con el joven Príncipe de Asturias. Por este motivo, en 1.612 se firmaron las capitulaciones matrimoniales y tres años más tarde dos comitivas, una francesa, encabezada por el duque de Guisa, y otra española, encabezada por el duque de Uceda, se encaminaron hacia la frontera del Bidasoa para allí hacer entrega de sus respectivas princesas.

En ese preciso año, 1.615, don Gaspar de Guzmán y Pimentel, conde de Olivares, que contaba 28 años de edad, consiguió su anhelado cargo en la Corte: al casarse con Isabel, el heredero al trono obtuvo su propia casa y Lerma accedió a que Olivares fuera elegido como uno de los gentilhombre de la Cámara del príncipe —decisión de la que tendría tiempo de arrepentirse—. El joven conde, en efecto, cambió muy pronto sus simpatías políticas, y aprovechando que se había creado una facción de oposición dentro de la propia familia de los Sandoval, dio su apoyo al duque de Uceda, hijo de Lerma, y a fray Luis de Aliaga, confesor del rey e inminente Inquisidor General, para minar la posición del valido. El objetivo se consiguió en 1.618, año en que Lerma y sus colaboradores más cercanos —como Rodrigo Calderón— hubieron de salir de la Corte. Aunque el rey declaró que en adelante iba a ocuparse personalmente de los asuntos del gobierno y del despacho de los "papeles", su carácter indolente se lo impidió. De hecho, pronto compartieron el favor real los vencedores Uceda y Aliaga, mas, eso sí, detentando un grado de poder inferior al que en sus años de gloria había disfrutado el padre de aquél. Los Consejos, por su parte, siguieron mostrándose como órganos repletos de energía, en especial el de Estado (del que significativamente Uceda no formaría parte hasta los últimos días del reinado), cuya reciente reestructuración le había revitalizado de tal forma que le hizo convertirse en el auténtico centro de decisiones de la Monarquía.

Entretanto, el conde de Olivares trabajaba en dos direcciones: una, ganarse la confianza del joven Príncipe de Asturias (desde principios de 1.617 su posición era ya segura en este sentido); otra, minar ahora la nueva situación de Uceda y Aliaga creando una base de poder propia y alternativa. Para ello buscó un aliado de peso dentro de su propia familia: su tío Baltasar de Zúñiga. Hijo del cuarto conde de Monterrey, su autoridad había crecido al tiempo que aumentó su prestigio como diplomático. Cumplió con éxito sus misiones como embajador de España en la corte de los archiduques Alberto e Isabel en Bruselas (1.599-1.603), en París (1.603-1.606) y en la corte imperial de Praga (1.608-1.617). Después, Zúñiga recibió órdenes de regresar a Madrid, donde serían aprovechables sus amplios conocimientos en materia de política internacional, y el 1 de julio de 1.617 ocupó por primera vez su plaza en el Consejo de Estado. En pocos meses, su inteligencia, sobriedad de carácter y experiencia lo convirtieron en la principal voz de las reuniones del Consejo. Cuando en septiembre de 1.619 Felipe III cayó gravemente enfermo en el camino de vuelta de un viaje oficial a Portugal, por el que su hijo el príncipe Felipe juró como heredero de la corona portuguesa, existían dos facciones que pugnaban por el poder: Uceda-Aliaga, que dominaba la cámara del rey y el Alcázar, y Guzmán-Zúñiga, que dominaba la cámara del Príncipe de Asturias y, cada vez de forma más evidente pero no sin continuas luchas cortesanas, el Consejo de Estado.

El rey nunca logró recuperarse plenamente de su enfermedad, y el 31 de marzo de 1.621, con tan sólo 42 años de edad, murió. Perdida la base de su poder, se mostró de modo irrefutable la derrota de la facción Uceda-Aliaga. A Aliaga se le prohibió asistir al Consejo de Estado, así como a Uceda y a los miembros más estrechamente vinculados con el anterior régimen —con lo que la influencia de Zúñiga se hizo sentir con más fuerza—, y se le obligó a dimitir de su cargo de Inquisidor General; se arrestó al duque de Uceda y se embargaron los bienes de Lerma, nombrando un tribunal especial que investigara sus actividades corruptas; Rodrigo Calderón, de alguna forma símbolo de unos tiempos que ahora se querían olvidar, fue acusado, entre otros, de los delitos de complicidad en un asesinato y desfalco, y posteriormente sentenciado a muerte y ejecutado. En cuestión de días, muchos de los ministros del finado rey fueron removidos de sus cargos. Definitivamente, la muerte de Felipe III no sólo provocó la subida al trono de su hijo y heredero Felipe IV, sino también la salida del poder del clan de los Sandoval y la ascensión al mismo de las familias emparentadas de los Guzmán, Zúñiga y Haro.

Es evidente que la infancia y adolescencia del futuro rey Felipe IV estuvo rodeada de constantes intrigas cortesanas que tenían como fin mantener o adquirir cierto poder e influencia. El Alcázar de Madrid, como centro administrativo del imperio, era el lugar ideal para realizar esos oscuros y cautelosos manejos. Pero también era el hogar de la familia real. Los aposentos privados del monarca se encontraban en la planta superior del lado occidental, mientras que los de la reina ocupaban el ala oriental, y en ellos el joven príncipe Felipe pasó largas horas jugando con sus hermanos o estudiando.

Desde muy pronto se cuidó en extremo su educación nombrando maestros y tutores que le inculcaran no sólo los conocimientos fundamentales para que fuera un buen gobernante, sino las ideas y moral que deberían presidir sus decisiones futuras. Inteligente y buen estudiante, sus conocimientos fueron abarcando la geografía, la historia —por la que sentía verdadera pasión—, teología, derecho, idiomas, música... Siempre le atrajo el arte, el teatro y la poesía, no simplemente desde un punto de vista pasivo, gozándolo y criticándolo en tertulias organizadas, sino también activo, ya que le seducía pintar y escribir. Una formación más práctica en los deberes rutinarios de la administración y la etiqueta probablemente comenzó en 1.619, cuando alcanzó oficialmente la mayoría de edad, aunque es obvio que hubo de continuar después de convertirse en rey tras la muerte de su padre en 1.621, pues la inexperiencia de sus aún no cumplidos 16 años así lo exigía. De hecho, se conocen unos textos escritos por Felipe IV en esta época, consistentes en unos resúmenes y comentarios de un documento oficial redactado en 1.618, que aparentan ser unos "deberes escolares" o prácticas para aprender el "oficio" de rey. También se sabe que en esos años el conde de Olivares ordenó hacer unas aberturas en las salas de los Consejos para que el nuevo rey pudiera familiarizarse con el procedimiento seguido en las reuniones, el material debatido, sus miembros y, en definitiva, las infraestructuras del gobierno.

La formación de un príncipe, empero, no podía quedar concluida con lo ya reseñado. Era imprescindible imbuirle una serie de ideas y creencias que sirvieran como parámetros mínimos de los que no debía desviarse en sus actuaciones futuras. En la obra "Política española", publicada en 1.619, fray Juan de Salazar decía que la Monarquía española encarnaba una serie de principios fundamentales basados en "la religión, el sacrificio y culto divino y el celo de la honra y servicio de Dios", rechazando por ello de plano "las reglas y documentos del impío Maquiavelo que el ateísmo llama razón de estado". En "Idea de un Príncipe Político-Cristiano", publicada en 1.640, Diego Saavedra Fajardo señalaba también que "los príncipes sólo tienen dos señores, Dios y la fama. Estas autoridades les obligan a portarse lo mejor que puedan, por miedo al pecado, por un lado, y a la infamia, por el otro". Efectivamente, los Habsburgo españoles siempre tuvieron una visión del mundo en la que el rey de España tenía, junto a unos derechos, unas responsabilidades de las que no podía sustraerse, basadas en ser los garantes de la amenazada religión católica y en el concepto de "reputación". Tal vez estas consideraciones agravaron la convicción existente en el exterior de que la Monarquía hispánica actuaba movida por un catolicismo agresivo e intransigente y una mentalidad imperialista, lo que provocaba que su política despertara tantas suspicacias y hostilidades en toda Europa, pero no hay que perder de vista que tales ideales —orgullosamente invocados— eran la fachada que escondía una actitud práctica que sólo buscaba defender las posiciones ya alcanzadas.

Otro elemento básico de la educación de un príncipe de España consistía en hacerle ver y sentir la grandeza de su linaje, del imperio que podía llegar a gobernar y de la posición que ocupaba en el mismo, todo lo cual dependía —así lo creían al menos— de la gracia de Dios hacia su pueblo escogido para defender y extender la verdadera religión. Es indudable que muy pronto conocería que las posesiones del rey de España abarcaban toda la Península Ibérica (desde la anexión de Portugal en 1.580); el dominio de gran parte de la cuenca occidental del Mediterráneo (Baleares, Sicilia, Cerdeña, reino de Nápoles, algunos puertos de la costa toscana, el ducado de Milán); algunas plazas en el norte de Africa (Melilla, Orán...); el Franco-Condado y la parte meridional de los Países Bajos (Artois, Brabante, Flandes, Hainaut y Luxemburgo); y fuera de Europa, un inmenso imperio colonial de origen español (Centroamérica, Antillas, la costa occidental de Sudamérica y Filipinas) y portugués (Brasil y multitud de factorías en las costas de Africa y Asia).

El mayor imperio del mundo únicamente podía sustentarse en base a un poderío militar incontestable. En 1.614, el archiduque Alberto envió desde Bruselas a su sobrino el príncipe Felipe un expresivo regalo: una colección de soldados de juguete fabricados en madera y creados por Alberto Struzzi. Estaban representados regimientos y compañías con sus diferentes banderas y armas; había incluso un castillo que debía ser sitiado y los materiales necesarios para cruzar un río o para la construcción de lagos artificiales. Aunque el obsequio tenía por finalidad principal el juego o divertimento, resultaba muy útil para dar a conocer al futuro Felipe IV la existencia de los Países Bajos y, sobre todo, el ejército que los defendía. El juguete bélico era, en efecto, una réplica del ejército más famoso de entonces, el de Flandes, que España mantenía en aquellas tierras desde que en 1.567 se iniciara la rebelión de los Países Bajos hacia su legítimo Señor, el Rey Católico, quedando en adelante divididos en dos zonas: la norte, no sometida a los dictados de Madrid (que daría lugar, con matices, a la actual Holanda), y la sur, mantenida como parte integrante de la Monarquía hispánica (que daría lugar, también con matices, a la actual Bélgica). Este ejército estuvo normalmente formado por infantería española —los famosos "tercios", que eran las unidades de élite—, italiana, alemana, valona, inglesa y borgoñona, además de por caballería ligera y pesada. Sin embargo, tanto en el juguete diseñado por Struzzi como en la realidad, al ejército de Flandes le faltaba el complemento y apoyo de una potente fuerza naval, elemento imprescindible si se considera que luchaba contra una república marítima, como era la holandesa, que tenía como fuente de vida y resistencia el comercio por el mar.

Por el momento, el joven heredero del trono español podía limitarse a divertirse y aprender, mas el destino le había escogido para ser uno de los protagonistas de la historia de España, Europa y el mundo. Él no podía saberlo todavía, pero gran parte de sus posibles actuaciones futuras —al menos en política exterior, objeto de nuestro estudio— iban a quedar condicionadas y determinadas por una serie de hechos acontecidos en los primeros años del siglo XVII, durante su infancia y adolescencia, sobre los que es necesario dar sucinta cuenta.

Unos meses antes del nacimiento del príncipe Felipe, concretamente el 22 de septiembre de 1.604, Ambrosio Spínola logró un gran éxito frente a las rebeldes Provincias Unidas de los Países Bajos septentrionales al reconquistar Ostende para los archiduques Alberto e Isabel —gobernantes "autónomos" de los Países Bajos meridionales desde 1.598—. El sonado triunfo solamente pudo obtenerse después de tres años de asedio de la ciudad portuaria y gracias a la intervención personal del propio Spínola, que en 1.602 había dirigido una expedición de 9.000 hombres para unirse al ejército de Flandes y que un año después se había ofrecido a los archiduques para financiar el interminable cerco de Ostende a cambio de recibir el mando de las operaciones. La oferta de aquel genovés, perteneciente a una gran familia de banqueros y él mismo millonario y con amplias posibilidades crediticias, resultó tan tentadora que fue aceptada ante las dificultades crónicas existentes a la hora de hacer frente al pago de las tropas de Flandes y el consiguiente peligro de amotinamiento o deserción. En todo caso, la decisión fue arriesgada, pues Spínola carecía de formación y experiencia militar, y las dotes de observación, rapidez de aprendizaje y enorme capacidad organizativa de las que muy pronto dio sobradas muestras sólo a posteriori pudieron borrar las inevitables dudas surgidas inicialmente. La sorpresa ante el descubrimiento de la categoría de su nuevo servidor impresionó a Felipe III, y ni siquiera la operación holandesa de distracción por la que cayó en sus manos el importante puerto de Sluis en agosto de 1.604 destruyó los renovados ánimos de la corte española ante las perspectivas que podían abrirse en la guerra del norte de Europa. Spínola pasó el invierno de 1.604-1.605 en la Península Ibérica y regresó a los Países Bajos convertido en lugarteniente del ejército de Flandes y superintendente de hacienda, es decir, había obtenido el control total sobre las tropas y el tesoro militar de aquel ejército —cargos que ocuparía durante más de dos décadas—. Nuevos bríos, entusiasmo y esperanzas, nuevo jefe militar...; todo apuntaba a que España sostendría una nueva ronda de operaciones contra la República holandesa.

La coyuntura internacional creada en torno al año 1.604 fue la que determinó finalmente que la Monarquía española se decidiera por lanzar una gran ofensiva contra las rebeldes Provincias Unidas, con el propósito de que, al menos, la presión las mostrara más inclinadas a firmar una paz que aquélla considerara honrosa. A la victoria militar derivada de la toma de Ostende se unieron actuaciones diplomáticas de gran calado que propiciaron el advenimiento de la paz con tradicionales enemigos de los Habsburgo hispánicos, lo que dio una oportunidad insuperable para concentrar todos los recursos contra los enemigos neerlandeses.

Tuvo especial importancia el "tratado de paz, alianza y comercio entre el Señor Rey Católico Don Felipe III y los Señores Archiduques Alberto e Isabel Clara Eugenia sus hermanos de una parte, y el Serenísimo Rey de Inglaterra Jacobo I de la otra", concluido en Londres el 28 de agosto de 1.604. Por él, a cambio de unas concesiones comerciales beneficiosas a la comunidad mercantil inglesa —que no incluían la ruptura del monopolio del tráfico hispanoamericano—, la Monarquía española obtenía sobre el papel ventajas apreciables: interrupción de los suministros ingleses —víveres, soldados, dinero, pertrechos, armas, municiones— a las Provincias Unidas; presiones inglesas sobre los Países Bajos septentrionales para que aceptasen una transacción honorable con España; supresión del corso británico; disponibilidad de los puertos de Inglaterra para comercio y guerra bajo ciertas condiciones; o posibilidad de atracción de los transportistas ingleses con el fin de interesarles en el tráfico entre la Península Ibérica y el mar del Norte o Báltico. Aunque el tratado fue criticado abiertamente por los belicistas de ambas partes, no cabe duda de que supuso un alivio inmediato para España en su pesada carga de guerra y la penetración legal de Inglaterra en el inmenso y prometedor mercado hispánico.

Las negociaciones anglo-españolas no pasaron inadvertidas para Enrique IV de Francia. Entre este reino y España existía una situación de paz nominal desde que en 1.598 firmaran el tratado de Vervins, pero la realidad ponía de manifiesto la pervivencia de mutuas actuaciones hostiles encubiertas o "subterráneas" que ambas partes no dudaban en echarse en cara. A la parte española dolían especialmente las ayudas que los franceses hacían —en dinero, hombres o armas— a la República holandesa, la asistencia oculta a Inglaterra realizada antes de la firma del tratado de Londres o las ocasionales interrupciones del tráfico por el paso del Val de Chézery prevenido en la paz de Lyon de 1.601 —que impedían al Rey Católico enviar tropas desde Milán a los Países Bajos a través de la zona occidental de los Alpes y el Franco-Condado—. Enrique IV no dudó incluso en obstaculizar las conversaciones de paz hispano-inglesas, mas cuando la conclusión positiva de las mismas parecía inevitable cambió de táctica y trató de limar asperezas con España con el único objeto de obtener de ella un tratado de comercio similar al de los ingleses. El embajador Rochepot trabajó para crear un clima distendido y de entendimiento, y, finalmente, el tratado comercial franco-español se concluyó en octubre de 1.604.

Si las circunstancias internacionales ofrecían una oportunidad excelente para asestar un duro golpe a las Provincias Unidas, el afán expansivo-comercial de éstas y sus recientes éxitos en el Caribe, África occidental y Extremo Oriente daban el principal motivo para ello. A la Monarquía española preocupaban sobremanera los nuevos frentes que en regiones ultramarinas pertenecientes a su ámbito de influencia abrían los holandeses con creciente osadía. Por un lado, su necesidad de sal para mantener y desarrollar la industria de salazones, pesquera o naval y la imposibilidad de obtenerla fácilmente de las grandes salinas de la Península Ibérica había provocado que dirigieran sus naves hacia América con el fin de obtener allí el preciado mineral. Habían instalado su centro de operaciones alrededor de la gran salina de Araya —en Cumaná, actuales costas del oriente venezolano— y desde 1.599 llevaban a efecto expediciones salineras de importancia, actividad que pronto fue implementada por el ejercicio del tráfico manufacturero y acarreo de materias primas en los tornaviajes. La incómoda presencia neerlandesa, empero, se hacía sentir principalmente en las Indias orientales. La presencia de sus barcos en esta zona comenzó en 1.598, cuando la flota del almirante Neeck acudió en busca del clavo y otras especias de las Molucas. La fundación en 1.602 de la Vereinigte Staaten Ost India Companie (VOC), es decir, de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, constituyó una clara prueba de que los rebeldes deseaban explotar las posibilidades mercantiles recién descubiertas. Desde la perspectiva del gobierno hispano, era el momento de intentar un nuevo ataque al corazón de las Provincias Unidas que lograra poner fin a un conflicto que por momentos estaba adquiriendo una dimensión mundial.

En 1.605, Spínola recibió de España la extraordinaria suma de 12 millones de florines para que, con ellos, sufragara los gastos de la campaña de ese año, que había de incluir la invasión de Overijssel. Esta acción militar constituyó todo un éxito, pues se lograron tomar las importantes fortalezas de Wachtendonck, Lingen y Oldenzaal. Nuevamente Spínola visitó la corte española y, a principios de 1.606, regresó a los Países Bajos con renovados poderes y planes para llevar a cabo otra penetración en la República holandesa que se esperaba fuese decisiva. No obstante, los Estados Generales de las Provincias Unidas, algo inquietos tras las recientes embestidas llegadas desde el sur y este, habían ordenado la construcción de una cadena de fuertes de madera unidos por un terraplén continuo de tierra, que se extendía a lo largo del río Ijssel desde el Zuiderzee hasta Arnhem y desde allí seguía por la orilla norte del Waal hasta Tiel. Esta costosa obra defensiva, que recorría una distancia de más de 240 kilómetros, fue realizada durante el invierno de 1.605 a 1.606, suponiendo un serio obstáculo para las intenciones de avance de Spínola. Aunque finalmente el ejército español consiguió cruzar el Ijssel, no fue capaz de penetrar tan profundamente como había previsto, por lo que los únicos resultados materiales de la campaña fueron las tomas de Groenlo y Rheinberg, de gran valor estratégico en tanto aseguraban el control de la frontera oriental neerlandesa, pero que no cubrían las expectativas que se habían creado.

Parece que estos nuevos esfuerzos de la Corona española fueron excesivos, ya que, al finalizar la campaña de 1.606, una significativa parte del ejército de Flandes se amotinó debido a los habituales atrasos de sus pagas. En Madrid se volvió a discutir sobre la imposibilidad de seguir manteniendo en los Países Bajos un ejército de 50.000 soldados, que suponían unos gastos anuales de unos 9 millones de florines, sobre todo cuando el moderno sistema de fortificaciones defensivas de las ciudades —conocido como trace italienne—, basado en el baluarte, el revellín, los terraplenes y los muros más bajos y gruesos construidos con ladrillo y cascote en vez de piedra, invalidaba el método tradicional de toma de una plaza y exigía que cualquier pequeño beneficio territorial resultase largo y costoso. El tiempo no corría a favor de España y del raudal de dinero no era algo de lo que pudiera ufanarse, de manera que la llegada de correos que informaron de que el archiduque Alberto había negociado un alto el fuego de ocho meses con los holandeses en abril de 1.607, tras unos contactos secretos respaldados por Felipe III, fue recibida con un suspiro de alivio, sólo enturbiado por una indignación contenida al conocerse que aquél había admitido como premisa conceder en nombre de éste la independencia a la República sin obtener por escrito la esperada contrapartida de su evacuación de las Indias. La noticia, en todo caso, no pudo llegar en mejor momento debido a que, en noviembre de ese mismo año, la Corona española, incapaz de saldar sus deudas y de conseguir nuevo crédito, se vio obligada a declararse en bancarrota.

En Madrid creció el interés por llegar a un acuerdo de paz o, en su defecto, a una tregua a largo plazo con los rebeldes neerlandeses. El armisticio, y su consiguiente ratificación por el Rey Católico, había paralizado momentáneamente las hostilidades y era el momento de entablar negociaciones que resolvieran el conflicto de una forma definitiva o, al menos, ofrecieran un paréntesis temporal aceptable al mismo. Felipe III, Lerma, los archiduques Alberto e Isabel, el propio Spínola y la mayoría del Consejo de Estado se mostraron favorables a ello, pues así lo exigía la realidad de los motines en el ejército de Flandes, el colapso financiero de 1.607, el cansancio de una guerra que duraba ya más de 30 años y parecía no tener fin, la auténtica sangría de dinero, vidas y energías que generaba, las dificultades económicas de los Países Bajos leales a España en tanto centro del teatro de operaciones, la amenaza potencial cada vez mayor representada por una Francia beligerante o los riesgos para el Mediterráneo hispánico producidos por la no menospreciable fuerza de los berberiscos del norte de África, que incitaba a trasladar objetivos y recursos a este tradicional escenario de rivalidades. Después de no pocos abatares y forcejeos y de la intervención como mediadores de ingleses y franceses, el 9 de abril de 1.609 se firmó en Amberes la Tregua de los Doce Años entre la Monarquía española, los Países Bajos meridionales y la República holandesa.

En el momento en que se estableció la mencionada Tregua, los Países Bajos del norte comprendían las siete provincias de Holanda, Zelanda, Utrecht, Frisia, Groninga, Overijssel y Güeldres, siendo su forma de gobierno la federal. La más alta instancia de la República eran los Estados Generales, con sede en La Haya, en los que cada provincia disponía de un voto. Otros dos elementos fundamentales de su sistema político eran el Gran Pensionario, principal funcionario civil y político, y el estatúder, que mandaba las distintas fuerzas militares. Durante el periodo de negociación de la tregua, ocupaba el cargo de Gran Pensionario Johan van Oldenbarnevelt, mientras que el indiscutible jefe militar de las Provincias Unidas era Mauricio de Nassau. Sus posicionamientos estuvieron en gran medida enfrentados. El primero representaba a una facción apoyada fundamentalmente por los grandes comerciantes, empresarios y oligarcas de la Provincia de Holanda —núcleo de la nueva organización política—, partidarios de una paz con los españoles que iba a reforzar de forma indudable su hegemonía en el transporte de mercancías entre el norte y el sur de Europa, mientras que Mauricio de Nassau, cuya base de poder e influencia era la milicia y la guerra, representaba a una facción que obtuvo su apoyo de ciertos sectores minoritarios del patriciado urbano, particularmente de la Provincia de Zelanda y la ciudad de Amsterdam, del clero calvinista y de quienes participaban en el interés colonial, partidarios de la continuación del conflicto contra España como forma de autoafirmación de la República emergente. Sólo el triunfo de las tesis moderadas y pacifistas de Oldenbarnevelt, que veía en el desarrollo de la guerra de los últimos años "poca gloria y muchos gastos", propició por parte neerlandesa el advenimiento de la Tregua de los Doce Años.

Las circunstancias fueron idóneas para que el partido de la paz holandés resultara victorioso frente a los extremistas. Por un lado, la conclusión de la paz entre Felipe III y Jacobo I de Inglaterra en 1.604 había aislado peligrosamente a la República y había abierto el canal de la Mancha a la navegación española, todo ello en un momento en que el poder de la Monarquía hispánica seguía percibiéndose vívidamente tras las últimas campañas de Spínola. Por otro, el embargo del comercio holandés decretado desde Madrid en 1.598 estaba dando sus frutos al reducir significativamente una provechosa fuente de beneficios de las Provincias Unidas, al tiempo que sus importantes competidores —ingleses y franceses en 1.604, la Hansa en 1.607— firmaban ventajosos tratados comerciales con España que les posicionaban de forma envidiable para llevar a cabo la pugna por el mercado. Además, el presupuesto militar de la República se había duplicado en los últimos diez años ante la necesidad de equiparar su ejército al de Flandes, llegando a superar el gasto medio anual realizado entre 1.604 y 1.606 la desmesurada cantidad de 10 millones de florines, que parecía imposible mantener mucho tiempo más por un país pequeño de un millón y medio de habitantes con una deuda que no hacía sino crecer. Finalmente, desde 1.607 España había parecido admitir de hecho —por primera vez— la existencia de las Provincias Unidas como una comunidad libre e independiente, lo que eliminaba un punto muy importante de fricción ante unas posibles negociaciones. Tanto es así, que en el artículo 1 de los 38 de los que constaba el Tratado por el que se estableció la Tregua de los Doce Años, la Corona de España y los archiduques Alberto e Isabel manifestaban que "tienen por bien de tratar con los referidos Señores Estados Generales de las Provincias Unidas, como con países, provincias, y estados libres, sobre los cuales no pretenden nada [...]".

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